Corazones de acero: Los tanques estadounidenses avanzan por una ciudad alemana prácticamente desierta. Las mujeres se esconden. Dos de ellas –una madre y su hija– permanecen en un apartamento cuando un grupo de soldados entra en la vivienda. La tensión no necesita subrayados. El poder está armado. El miedo no. No existe consentimiento posible cuando quien decide tiene un fusil y tú solo tienes una puerta que ya no separa nada.

La escena no se presenta como una violación explícita, con una coacción agresiva. Se diluye en la ambigüedad, en la incomodidad del espectador, en la narrativa bélica que nos ha acostumbrado a pensar que hay cosas que “pasan” cuando hay guerra. Durante siglos se llamaron excesos. Botín. Consecuencias inevitables del conflicto. La guerra mata, sí. Pero también viola. Y durante demasiado tiempo esa segunda parte fue escrita en letra pequeña.

Esa lógica no pertenece al pasado. Está en Ucrania, en el este del Congo, en los pueblos del sur de Israel el 7 de octubre, en las celdas y hospitales de Gaza y en las cárceles donde se reprime la disidencia en Irán, mientras potencias como Estados Unidos mueven ficha en el tablero. La escena es ficticia; el patrón, no.

La violencia sexual en los conflictos armados no es un fenómeno nuevo ni excepcional. Es una constante histórica. Desde las invasiones antiguas hasta las guerras del siglo XX, el cuerpo de las mujeres –y también el de algunos hombres, niños y niñas– ha funcionado como territorio simbólico y real: humillar al enemigo, sembrar terror, destruir comunidades, alterar demográficamente un grupo, imponer dominio. Lo que cambia no es el patrón, sino el lenguaje con el que lo nombramos.

Durante décadas, el derecho internacional humanitario protegió a la población civil en abstracto, pero no colocó la violencia sexual en el centro. La violación se leía como daño colateral o atentado al “honor”, no como un crimen internacional autónomo. Fue necesario que el mundo mirara de frente a Bosnia y a Ruanda en los años noventa para que la violación, en circunstancias de guerra, dejara de considerarse una consecuencia inevitable y empezara a reconocerse como lo que es: una estrategia criminal.

En Bosnia, miles de mujeres fueron violadas de manera sistemática en centros de detención. En Ruanda, la violencia sexual formó parte del engranaje genocida. Fue entonces cuando los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda comenzaron a sentar precedentes: la violación podía ser un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad e incluso un acto constitutivo de genocidio, dependiendo del contexto y de la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo.

Estas categorías no son tecnicismos lejanos. Son formas de nombrar la intencionalidad y de construir herramientas de persecución penal. Un crimen de guerra es una violación grave de las normas que regulan los conflictos armados. Un crimen de lesa humanidad implica que ese acto –como la violación, la esclavitud sexual o el embarazo forzado– forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. El genocidio exige algo más: la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo determinado. Cuando la violencia sexual se utiliza para impedir nacimientos, para romper la cohesión social o para expulsar a una comunidad de su territorio, deja de ser “exceso” y se convierte en herramienta.

El Estatuto de Roma de 1998, que dio origen a la Corte Penal Internacional, incorporó de forma expresa delitos como la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado o la esterilización forzada, tanto como crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad. Desde una perspectiva criminológica, eso supone reconocer que no estamos ante desórdenes individuales, sino ante patrones de violencia planificada, que requieren respuestas de política criminal internacional

Sin embargo, la distancia entre el reconocimiento jurídico y la realidad es amplia. Los datos más recientes de Naciones Unidas muestran que la violencia sexual sigue apareciendo documentada en la mayoría de los grandes conflictos activos. En 2024 se verificaron más de 4.600 víctimas de violencia sexual relacionada con conflictos en 21 países, con un aumento de alrededor del 25% respecto al año anterior; en torno al 90% son mujeres y niñas. No hablamos del pasado. Hablamos del presente.

En Ucrania, la Comisión Internacional Independiente de Investigación ha documentado violaciones cometidas por soldados rusos, algunas tras la ejecución de familiares, otras en grupo, otras contra menores. En la República Democrática del Congo, la violación continúa utilizándose para desplazar comunidades, cambiar la composición de la población y asegurar el control territorial, mezclando terror sexual y objetivos económicos.

En el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, la enviada especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos habló de “información clara y convincente” de violaciones individuales y en grupo perpetradas por Hamás, con indicios de tortura sexualizada. Meses después, una comisión independiente documentó violencia sexual y reproductiva contra palestinos en el contexto de la ofensiva israelí en Gaza, incluyendo desnudez forzada, abusos en detención y ataques a la salud sexual y reproductiva. Actores distintos, misma lógica: el cuerpo como campo de batalla. La guerra entre Israel y Hamás, con Irán y Estados Unidos disputándose influencia y legitimidad en segundo plano, es el último ejemplo de un patrón antiguo: bandos enfrentados, cuerpos sacrificados.

La guerra no solo destruye infraestructuras. Desestructura cuerpos. Y lo hace con una regularidad que desmiente cualquier idea de accidente. Así, lo que vemos no es un catálogo de “excesos”, sino una estrategia recurrente de control y devastación, acompañada de una impunidad estructural: pocas denuncias, menos investigaciones efectivas, todavía menos condenas.

A esta violencia se suma otra: el silencio. La historiografía tradicional ha relatado batallas, estrategias, tratados de paz. Ha contado generales y fechas. Las mujeres aparecen como víctimas abstractas o como símbolos patrióticos, pero rara vez como sujetos atravesados por violencias específicas. Y cuando esas violencias son sexuales, el estigma y la vergüenza actúan como mecanismo de ocultación

Hace apenas unos días llenábamos las calles por el 8 de marzo reclamando igualdad salarial, corresponsabilidad o el fin de la violencia machista y sexual. Con la resaca de las pancartas aún reciente, este es un buen momento para ejercer un acto de responsabilidad colectiva: revisar a quiénes dejamos fuera de nuestros lemas, qué guerras y qué cuerpos siguen sin ser nombrados, qué violencias damos por supuestas cuando hablamos de “conflicto” y cuáles seguimos considerando demasiado incómodas para ocupar la primera línea de nuestras agendas.

El silencio es una forma de continuidad. Si no se nombra, no existe políticamente. Si no existe políticamente, no se prioriza en la justicia ni en la reparación. Si los informes de Naciones Unidas se leen como anexos técnicos y no como base para perseguir crímenes internacionales, la impunidad sigue formando parte del guion.

La guerra siempre ha tenido un capítulo escrito sobre los cuerpos de las mujeres. Durante siglos se normalizó. Después se minimizó. Más tarde se tipificó jurídicamente. Hoy se documenta. Pero sigue ocurriendo.

Nombrarlo no es retórica. Es disputar el relato y desactivar la impunidad histórica que permitió que escenas como la de aquella casa en Alemania se integraran en el imaginario bélico sin que nadie pronunciara la palabra exacta: crimen.

La guerra entra en las ciudades, en los hospitales, en las fronteras. Y también entra en las casas. Mientras esa entrada continúe siendo tratada como una nota a pie de página, la historia seguirá incompleta.

En un mundo atravesado por la guerra de Gaza, por la violencia en Ucrania, por la represión en Irán y por la disputa geopolítica de potencias como Israel, Rusia, Irán o Estados Unidos, conviene recordarlo: la violencia sexual en los conflictos armados no es un residuo del pasado, es una estrategia recurrente. Y su invisibilización, también, una forma de normalización y complicidad.

REFERENCIAS

• Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania. (2022). Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania (A/77/533). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
• Guterres, A. (2025). Informe anual del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (2024). Naciones Unidas.efs.efeservicios+2
• Naciones Unidas. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Patten, P. (2024). Informe de la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos relativa a los atentados del 7 de octubre de 2023. 
• Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). (2001). Fiscal contra Dragoljub Kunarac et al., asunto IT9623 & IT9623/1 (Sentencia de apelación).
• Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). (2002). Fiscal contra Anto Furundžija, asunto IT9517/1 (Sentencia de apelación).
• Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). (1998). Fiscal contra JeanPaul Akayesu, asunto ICTR964T (Sentencia de primera instancia).